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EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE LA EXENCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD
19 de Noviembre de 2018

EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE LA EXENCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD

El  pasado  3  de  octubre,  el  Tribunal  Supremo,  resolvió  el  recurso  interpuesto  por  la abogacía del Estado, para dilucidar si la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social cumple la función de sustituir la retribución normal (que no está exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente  permiso,  o  bien  cabía  extender  a  las  prestaciones  por  maternidad  de  la Seguridad  Social  la  exención  que  el  artículo  7  de  la  Ley  del  IRPF  sí  establece  para  dichas prestaciones  por  maternidad  cuando  proceden  de  las  Comunidades  Autónomas  o  entidades locales.

Dicha Sentencia (1462/2018) considera que “la prestación por maternidad a cargo del INSS puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la  Ley  del  IRPF”,  ya  que  éste  dispone  textualmente  “igualmente  estarán  exentas  las  demás prestaciones  públicas  por  nacimiento,  parto  o  adopción  múltiple,  adopción,  hijos  a  cargo  y orfandad”.

Aduce la Sentencia, que ello emana de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30  de  Diciembre,  de  medidas  Fiscales,  Administrativas  y  de  Orden  Social,  que  introdujo  la mencionada exención en la Ley 40/1998 del IRPF y trasladó al RD Legislativo 3/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del IRPF.

Cabe pues recordar, esa Exposición de Motivos: "En el Impuesto sobre la Renta de las Personas  Físicas,  en  primer  lugar,  se  establece  la  exención  de  las  prestaciones  públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real Decreto Ley 1/2000, de 14 de enero".

Argumenta  el  Alto  Tribunal  que:  “se  desprende  que  la  exención  que  se  establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo  a  cargo,  pues  se  refiere  expresamente  a  la  prestación  por  maternidad  y  no  parece pretender  que  su  alcance  se  limite  a  las  concedidas  por  las  Comunidades  Autónomas  o entidades  locales,  sino  que  trata  de  establecer  la  exención  de  todas  las  prestaciones  por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.

Siguiendo el argumento que en muchas ocasiones esgrime la AEAT, “que las leyes hay que  interpretarlas  en  el  propio  sentido  de  las  palabras”,  el  TS  efectúa  una  interpretación gramatical:  “Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”, después de declarar exentas en el párrafo tercero “las  demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan  por  las  Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Localespues  en  otro  caso  la partícula “también” sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales.

Finalmente, resaltamos de la Sentencia que, “del  tenor  del  artículo  177  de  la  Ley General   de   la   Seguridad   Social,   “el   Supremo   recuerda   que   se   consideran   situaciones protegidas  la  maternidad,  la  adopción,  la  guarda  con  fines  de  adopción  y  el  acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen.”

“En consecuencia (falla el Tribunal) la prestación por  maternidad puede  incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso  de  casación  ha  de  ser  desestimado  y  establecer  como  doctrina  legal  que  ‘las prestaciones  públicas  por  maternidad  percibidas  de  la  Seguridad  Social  están  exentas  del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’.”

¿Qué puede hacer el contribuyente afectado?

Parece lógico abstraer, que tanto madres como padres que en su momento tributaron en el IRPF por estas prestaciones de maternidad, pueden iniciar un procedimiento tributario de rectificación de autoliquidación, relativos a los ejercicios no prescritos, es decir, de 2014 a 2017, por el que se solicitará la correspondiente devolución de ingresos indebidos.

Al tratarse de la declaración del IRPF, para los ejercicios 2016 y 2017 podrá utilizarse la propia plataforma RentaWeb, o bien presentando escrito de devolución de ingresos indebidos. Esto será posible siempre que la Administración no haya practicado liquidación provisional o  definitiva por ese motivo y que no haya transcurrido el plazo de cuatro años (a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las declaraciones, o bien, si la  declaración  se  presentó  fuera  de  ese  plazo,  desde  el  día siguiente a la presentación).


EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE UNA DOCTRINA ACERCA DE LA VALIDEZ DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN POR REFERENCIA AL VALOR CATASTRAL
13 de Septiembre de 2018

EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE UNA DOCTRINA ACERCA DE LA VALIDEZ DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN POR REFERENCIA AL VALOR CATASTRAL

1. ESTIMACIÓN POR REFERENCIA A LOS VALORES DE REGISTRO OFICIALES DE CARACTER FISCAL.

El pasado día 23 de mayo, el Tribunal Supremo dictó varias sentencias, a favor del con las que establece doctrina sobre la comprobación del valor real de inmuebles, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante la aplicación de coeficientes sobre el Valor Catastral:

Antes   de   analizar   el   criterio   del   Alto   Supremo   cabe   recordar   los   siguientes   conceptos tributarios:

Uno de los medios de comprobación de valores establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria (LGT) es el establecido en su artículo 57.1.b): la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Este medio puede consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración Tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el Registro Oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes.

Tratándose de bienes inmuebles,  el  registro  oficial  de  carácter  fiscal  que  se  toma  como referencia a efectos de la valoración de estos bienes es el catastro inmobiliario.

Para la aplicación de este medio de valoración se exige que la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes   de esta metodología y el período de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria.

La correcta motivación del acto administrativo requiere que se especifique la  identificación clara y precisa del bien a valorar, así como el valor tomado como referencia (valor catastral) y los parámetros, coeficientes y demás elementos de cuantificación utilizados para determinar el valor.

Este método  permite  la accesibilidad por parte  del contribuyente, y  la automatización de su utilización  y  la  fácil  motivación  por  parte  de  la  Administración.  Como  sabemos,  su  mayor desventaja reside en su generalidad y dificultad a la hora de recoger las posibles singularidades de los inmuebles.

2.  SÍNTESIS DE LA SENTENCIA TS 843/2018, DE 23 DE  MAYO  2018-06-21: COMPROBAR  EL VALOR REAL DE INMUEBLES MULTIPLICANDO EL VALOR CATASTRAL POR COEFICIENTES NO ES VÁLIDO

En el caso de la sentencia objeto de la presente nota, una persona física, mediante escritura pública de compraventa, adquiere una vivienda y sus anejos, por lo que liquida ITP y AJD. La Administración efectúa una comprobación de valores, utilizando el método de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal (LGT art.57.1.b). Como consecuencia, se incrementa el valor declarado.

Desconforme el  contribuyente,  acude  al  TEAR  Castilla-La  Mancha,  que  anula  la  liquidación impugnada, basándose fundamentalmente en el hecho de que la Administración no hace una comprobación real del valor del inmueble.

La Administración de Castilla-La Mancha interpone recurso de casación, en torno principalmente a las siguientes cuestiones:

1.     Determinar si la aplicación del método de comprobación escogido por la Administración, permite a la Administración invertir la carga de la prueba, y obliga al interesado a probar que el valor comprobado no se corresponde con el valor real.

El  Tribunal, en su  contestación  establece  que  el  método  de  comprobación  elegido  no  es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto, salvo que se complemente con una actividad comprobadora sobre el inmueble singular.

Añade que, para la aplicación del citado método, la Administración debe motivar las razones por  las  que  el  valor  declarado  por  el  contribuyente  no  se  corresponde  con  el valor real. La mera discordancia con los  valores   o   coeficientes  generales  publicados   no  es  suficiente motivación.

Por último, es la Administración quien debe acreditar que el valor que figura en la declaración no coincide con el valor real, no el obligado tributario.

2.    Determinar si el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en derecho, o está obligado a instar la tasación pericial contradictoria.

En  este  punto,  el  Tribunal  recuerda  que  este  es  un  instrumento  puesto  en  manos  del contribuyente para discutir el resultado de la comprobación de valores, su   utilización  es potestativa  y  no  es  una  carga  del  interesado  para  desvirtuar  las  conclusiones  del  acto  de liquidación.

Para oponerse a la valoración llevada a cabo por la Administración, puede valerse de cualquier medio  de  prueba admitido en derecho, situación que  se extiende  al seno  del procedimiento judicial, hayan sido o no propuestos o practicados en la vía impugnatoria previa. Por todo lo anterior, el Tribunal entiende que no da lugar al recurso de casación y confirma la sentencia impugnada.

Nota:  la  sentencia  incluye  un  voto  particular  de  uno  de  los  magistrados  que,  a  pesar  de compartir  el  fallo  de  desestimar  el  caso  concreto,  defiende  el  uso  general  del  método  de valoración  en  cuestión,  siempre  que  el  contribuyente  tenga  la  posibilidad  de  presentar  los datos concretos del bien inmueble objeto de comprobación.

3. CONCLUSIÓN

El Tribunal Supremo  considera que  el método  de  estimación  del valor real de los inmuebles por  referencia  a  los  valores  que  figuren  en  los  registros  oficiales  de  carácter  fiscal  (artículo  57.1.b)  LGT),  no  es  idóneo  ni  adecuado,  por  su  generalidad  y  falta  de  relación  con  el  bien concreto,   salvo   que   se   complemente   con   una   comprobación   directa   por   parte   de   la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

Además,  razona  que  la  aplicación  de  ese  método  no  dota  a  la  Administración  de  una presunción reforzada de veracidad, y que su aplicación para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración motive por qué considera que se deber rectificar, sin que sirva solamente la mera discordancia con los valores o coeficientes publicados.

Por  último,  interpreta  que  NO  es  el  contribuyente  el  que  tiene  que  probar  que  el  valor  que figura  en  la  autoliquidación  coincide  con  el  valor  realsino  que  es  la  Administración  la  que debe de acreditar que no coincide.


ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE “DESAHUCIO EXPRESS”
16 de Julio de 2018

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE “DESAHUCIO EXPRESS”

El pasado 12 de junio de 2018, se publicó en el BOE, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Esta norma, conocida como la ley de desahucio exprés, fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso en el mes de abril, cuya entrada en vigor, se produjo pasado 2 de julio.

Su principal objetivo es acelerar el desalojo de los grupos organizados que "okupan" viviendas de forma ilegal.

Fuentes del sector inmobiliario, calculan que en España hay entre 85.000 y 90.000 viviendas "okupadas". Sólo en Barcelona y Madrid se estiman que esta situación arroja unos costes de 21 millones de euros anuales.

Actualmente la recuperación inmediata de la vivienda por el propietario o titular de otros derechos legítimos de posesión de viviendas no es sencilla en la vía civil, como tampoco encuentra protección suficiente la función social que han de cumplir las viviendas que tienen en su haber las entidades sociales o instrumentales de las Administraciones públicas, para ser gestionadas en beneficio de personas y familias vulnerables, puesto que un porcentaje demasiado elevado del referido parque de viviendas se encuentra ocupado de forma ilegal, especialmente en los núcleos urbanos.

Además, ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la vía civil, para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, se demora temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios de los legítimos poseedores de la vivienda, en muchos casos también con una difícil situación económica, personal o familiar.

Daños sociales:

Están identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas a Administraciones públicas, que están dedicadas a fines sociales en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad, pero que su ocupación ilegal impide que puedan ser adjudicadas a aquellas personas o familias a las que correspondería según la normativa reguladora en materia de política social. Indisponibles, por tanto, para el fin para el que están destinadas, suponiendo ello un grave perjuicio social.

La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes públicos, eso sí, deben promover las condiciones necesarias y establecer.

Medidas adoptadas:

En el nuevo apartado 1 bis del artículo 441, en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, se regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento.

Asimismo, se generaliza la regulación de esta comunicación incorporando un nuevo apartado 4 al artículo 150, en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situación, para dar conocimiento a los servicios públicos competentes en materia de política social, por si procediera su actuación, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad.

Se modifica el numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, de forma que, las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

Se añade un nuevo apartado 3 bis al artículo 437, regulando frente a quien se pude interponer la demanda, así, Cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a la que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer.

Finalmente, en cuanto a la resolución de la demanda, se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 444, con la siguiente redacción: "Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4. º del apartado 1 del artículo 250, si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548.

 

Esta reforma se tornaba necesaria para dar una respuesta eficaz y más eficiente a la problemática de la "okupación" organizada o no, pues se acortan los plazos para hacer efectiva la recuperación de la vivienda, y se evitando tener que recurrir a la vía penal, que de facto era la otra alternativa en estos casos.

Conviene recalcar, que el objetivo de la ley es agilizar el desahucio a través de la vía civil, si bien no está disponible para cualquier propietario, pues únicamente podrán beneficiarse de esta solución de desahucio exprés los particulares, las entidades sin ánimo de lucro y las Administraciones Públicas que sean dueñas logísticas de los inmuebles okupados.

Quedan por tanto, fuera de la normativa, tanto las entidades financieras, como otros grandes tenedores de viviendas: fondos de inversión, socimis, sareb, etc.

En resumen:

Los propietarios particulares, podrán dirigir las demandas presentadas contra los ocupantes del inmueble, y en caso de desconocer su identificación, sin perjuicio de que las mismas puedan entregarse a quien se encuentre en la vivienda okupada al tiempo en que se practiquen las notificaciones.

El plazo dependerá de si el demandante ha solicitado la inmediata entrega de la posesión, pues en este caso, el Juzgado dictará decreto requiriendo a los okupas para que en el plazo de 5 días aporten el título que justifique su posesión, y de no hacerlo dictará auto ordenando la inmediata entrega contra el que no cabrá recurso alguno. La sentencia podrá ejecutarse sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días de espera previsto para la ejecución de resoluciones de condena.

En el caso de que los "okupantes" se opusiesen la demanda, la misma únicamente podrá fundarse en la existencia del título de posesión por parte del ocupante para poseer o en la falta de título por parte del demandante.


UNIFICACIÓN DE DOCTRINA EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN DE CANTIDAD DE LA MASA HEREDITARIA
12 de Junio de 2018

UNIFICACIÓN DE DOCTRINA EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN DE CANTIDAD DE LA MASA HEREDITARIA

1. INTRODUCCIÓN

Te informamos que el Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 45/2018, de 17 de enero de 2018, recurso 3283/2016 ha resuelto un recurso de casación para la unificación de doctrina indicando la posibilidad de que en las transmisiones mortis causa, a efectos de la determinación del valor neto patrimonial, puedan deducirse con carácter general las deudas que dejare contraídas el causante de la sucesión, y exige que su existencia se acredite por documento público o por documento privado que reúna los requisitos del artículo 1227 CC o que se justifique de otro modo la existencia de aquélla.

Antes de comentar la sentencia, recordemos que para obtener el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, del valor real de los bienes y derechos también se deducen las deudas dejadas por el fallecido que minoren el neto patrimonial. Debe tratarse de deudas del causante impagadas por éste, ya que, de haber pagado, el pago habría supuesto su extinción, y pagadas por los causahabientes, albaceas o administradores, siempre que se trate de (artículo 13 de la LISD, Ley 29/1987 de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y artículo 32 del RISD, Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del ISD) :

- deudas del fallecido reconocidas en sentencia firme;

- deudas cuya existencia se acredite por documento público o por documento privado o cualquier otro medio de prueba. La Administración puede exigir, no obstante, que se ratifique la existencia de la deuda en documento público por los herederos, con la comparecencia del acreedor;

- tributos y deudas a la Seguridad Social adeudados por el causante.

La deuda no es deducible si está contraída a favor de los herederos, legatarios de parte alícuota y cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de aquellos, aunque renuncien a la herencia, salvo cuando se acredite la existencia de la deuda por sentencia judicial firme.

El parentesco se entiende por consanguinidad (TEAC 13-10-04).

Respecto de las deudas del fallecido que, reuniendo las condiciones para ser deducibles, se pongan de manifiesto después de satisfecho el ISD, la deducción se hace efectiva a través de la devolución de la parte de impuesto satisfecha que haya correspondido a la deuda no deducida, pero deducible.

Dicha deducción se ajusta a las siguientes reglas (artículo 94 del RISD):

1) Se devuelve, sin intereses de demora, la parte del impuesto que corresponda a la deuda no deducida (diferencia entre la cantidad ingresada y la que se debería haber ingresado de haberse tenido en cuenta esta deducción).

2) La deducción deben solicitarla los interesados por escrito, acompañado de los documentos acreditativos de la existencia de la deuda.

3) La oficina liquidadora resuelve concediendo la devolución o denegándola, con expresión de los posibles recursos.

4) No procede la devolución si han transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de presentación de la liquidación o cuando se trate de liquidaciones administrativas firmes de carácter definitivo.

2. SÍNTESIS DE LA STS. DETERMINACIÓN DEL VALOR NETO PATRIMONIAL DE LA MASA HEREDITARIA

Tras el fallecimiento de su esposo, la viuda y sus tres hijos presentan autoliquidación en concepto de ISD deduciendo del caudal hereditario una cantidad en concepto de préstamo realizado en su día al causante por su cuñada.

La Administración gira liquidación provisional en la que no acepta, a los efectos de determinar el valor neto patrimonial de la masa hereditaria, la reducción aplicada, al no considerar acreditada que la cantidad obedeciera a una deuda contraída por el causante.

Ese criterio fue confirmado, primero por el TEAR, y después por el TSJ de Aragón, quien sostiene además que de los justificantes aportados no puede obtenerse certeza sobre la causa de las transferencias. O no queda identificado el concepto por el que se realizan las transferencias, o del que se hace constar, no es posible deducir que derive de un pacto de préstamo entre la ordenante y los beneficiarios.

Entiende el Tribunal, que no solo debe acreditarse la existencia de deuda sino también su realidad. Esta no puede derivar del mero reconocimiento de su existencia por los herederos, sino de que la misma tenga una causa cierta. Y en base de la prueba aportada por la parte, afirma que:

- los justificantes aportados de las transferencias realizadas al finado, no se desprende que la causa de aquellas fuera dicho préstamo;

- la causa de las trasferencias solo aparece en un documento público de reconocimiento de deuda, realizado, sospechosamente, más de dos años después de que tuvieran lugar los flujos patrimoniales, y simultáneamente a la aceptación de la herencia;

- a pesar del elevado importe de las transferencias, no existe ningún documento de formalización del préstamo invocado, ni se ha presentado la correspondiente autoliquidación por el ITP;

- la cantidad de mayor importe ha sido abonada por una sociedad, cuando la deuda en la escritura de manifestación y adjudicación de herencia intestada se adjudica a los hermanos.

Los actores, no conformes, interponen recurso de casación para la unificación de doctrina ante TS al entender que la resolución impugnada contradice la doctrina establecida en la sentencia TS 15-11-13 e infringe el derecho a la tutela judicial efectiva al realizar un examen irracional de la prueba.

En su fallo el TS sostiene que no puede prosperar el recurso al no concurrir las identidades necesarias. Además, establece que:

1) La valoración de la prueba efectuada por el TSJ de Aragón, no puede calificarse de arbitraria, ilógica, irracional, y, por tanto, vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva.

2) La sentencia impugnada y la de contraste no enjuician los mismos hechos exactamente.

Concluyendo que no existe, como sostiene la parte, una contradicción de doctrinas, sino una diversa valoración de los hechos, que ni siquiera pueden considerarse idénticos. Por lo tanto, entiende que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de la doctrina.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. DEUDAS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES EN EL ISD

Como hemos visto, a la hora de liquidar el ISD sobre una herencia, se puede reducir la base de éste con las deudas que tuviese el fallecido. Para probar que dicha deuda existe puede exhibirse un documento público o privado, o cualquier otro elemento de prueba admitido por la ley (por ejemplo, una factura). Eso sí, la Administración, para asegurarse de que la deuda es real, puede exigir a los herederos que la reconozcan en documento público, con comparecencia del acreedor.

Por su parte, la ley prohíbe expresamente la deducción de las deudas cuando el acreedor sea el propio heredero, o lo sea el cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos de éste. La prohibición es taxativa, por lo que parece que no admite prueba en contrario. Pero si el valor del préstamo entregado al difunto estaba en el patrimonio de éste en el momento del fallecimiento, podrá defenderse la no inclusión de dicho importe en la base de la herencia, ya que el impuesto sólo grava el valor neto de la adquisición realizada.

Un ejemplo sería el de un heredero que había prestado dinero al causante pocos días antes del fallecimiento, y en el momento de la muerte este dinero todavía estaba en la cuenta corriente del fallecido. En este caso cabe defender que esa parte del saldo no debe incluirse en la herencia. Aunque Hacienda discutirá esta interpretación, los tribunales podrían aceptarla, ya que, de no hacerlo, Hacienda estaría recaudando el impuesto sobre unos bienes que, realmente, el heredero no ha recibido.

En las herencias, cabe deducir las deudas que el causante tuviese al fallecer, aunque figuren en un documento privado.


LAS FAMILIAS MONOPARENTALES
24 de Abril de 2018

LAS FAMILIAS MONOPARENTALES

Recientemente se ha publicado el Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell de la Comunidad Valenciana por el cual se regularán las familias monoparentales en la Comunidad Valenciana a partir de su entrada en vigor el 23 de septiembre de 2018, a los seis meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Debido a que el concepto de familia monoparental está dándose a conocer desde hace poco tiempo, aún no existen demasiadas ayudas para estos casos, aunque el escenario empieza a cambiar por las solicitudes que están realizando los padres que tienen hijos a su cargo y los han de mantener con un solo sueldo y la dedicación de todo su tiempo.

La condición de familia monoparental se acredita mediante el título que establece y expide la Comunidad Autónoma donde tenga fijada su residencia la persona solicitante.

El Decreto 19/2018 recoge como novedades la consideración de familia monoparental de categoría especial a partir de dos hijos, así como la ampliación hasta el cumplimiento de los 26 años la edad de permanencia en el título de los descendientes, o el reconocimiento como monoparentales de las familias que tengan a uno de los progenitores hospitalizado o en prisión. Además, se amplía de forma generalizada la vigencia de los títulos.

El citado Decreto regula los requisitos que han de concurrir para el reconocimiento de la condición de familia monoparental o en situación de monoparentalidad, así como el procedimiento de emisión y renovación del título de familia monoparental, que será el mismo en ambos casos, como documento oficial expedido para todas las personas integrantes de la unidad familiar, el cual tendrá validez en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.La norma separa en dos grandes grupos las unidades familiares a las que se dirige:

1.- Familias monoparentales

Se entiende por familia monoparental la que está formada por:

  • Una persona y su descendencia, que esté inscrita en el Registro Civil sólo con ella como progenitora.
  • Una persona viuda o en situación equiparable y la descendencia que hubiera tenido con la pareja desaparecida.
  • Una persona y las personas menores de edad que tenga en acogida por tiempo igual o superior a un año y las mayores de edad que hayan estado en acogida permanente, o aquella formada por una persona que tenga la consideración de familia acogedora de urgencia-diagnóstico.
  • Una persona y su descendencia sobre la que tenga en exclusiva la patria potestad.

2.- Unidades familiares en situación de monoparentalidad

Se entiende por unidad familiar en situación de monoparentalidad la formada por:

  • Una persona y su descendencia sobre la que tiene la guarda y custodia exclusiva si los ingresos anuales de la unidad familiar, incluidas las pensiones de alimentos, divididos por el número de unidades de consumo son inferiores al 150% del IPREM vigente calculado en doce mensualidades.
  • Una mujer que ha sufrido violencia de género, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y la descendencia sobre la que tiene la guarda y custodia.
  • Una pareja y su descendencia, en la que uno de los progenitores esté en situación de ingreso en la prisión o de hospitalización en un centro hospitalario, por un período ininterrumpido durante un tiempo igual o superior a un año, si los ingresos anuales de la unidad familiar, incluidas las pensiones de alimentos, divididos por el número de unidades de consumo son inferiores al 150% del IPREM vigente calculado en doce mensualidades.
  • Una pareja que convive y la descendencia, en la cual uno de los progenitores tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez, si los ingresos anuales de la unidad familiar, incluidas las pensiones de alimentos, dividido por el número de unidades de consumo son inferiores al 150% del IPREM vigente calculado en doce mensualidades.

Por otra parte, el texto incorpora la regulación del procedimiento para el reconocimiento y la expedición del título de familia monoparental, refiriéndose al inicio de la solicitud por la persona que encabeza la unidad familiar, al modelo de la misma, a la documentación que ha de aportarse, al lugar de presentación, a la tramitación del expediente por la dirección territorial de la provincia de la persona solicitante, a los órganos competentes para resolver y el plazo en el que han de hacerlo.

El Decreto señala asimismo que se expedirá un título colectivo para toda la familia y un carné individual para cada una de las personas que la componen. Regula su expedición y eficacia, señalando que, con carácter general, la vigencia del título de familia monoparental estará determinada por la fecha en que algún descendiente cumpla los 26 años.Sin embargo, tendrá una vigencia especial en determinados supuestos:

  • En caso de acogida con duración determinada o familia acogedora de urgencia-diagnóstico, el título tendrá una vigencia de la misma duración y en caso de acogida permanente la vigencia será hasta los 18 años, en cuyo caso se podrá renovar el título hasta que cumpla los 26 años si continúa conviviendo con la misma unidad familiar.
  • En el caso de situación de ingreso en prisión u hospitalización, el título se podrá pedir una vez haya pasado el primer año y tendrá una vigencia de dos años.
  • En los supuestos en los que el título o categoría dependa del grado de discapacidad, situación de dependencia, de incapacidad absoluta o gran invalidez, tendrá la vigencia que establezca ese reconocimiento.
  • Cuando la categoría dependa de los ingresos de la unidad familiar, esta tendrá vigencia de dos años.
  • En los supuestos en los que se haya sufrido violencia de género, la vigencia que se aplicará será de cinco años, a contar desde la fecha del documento que acredita la situación.

Asimismo, también regula los supuestos de renovación, desaparición o pérdida del título y recoge la obligación de los titulares de unidades familiares a las que se haya reconocido el título de familia monoparental de comunicar a la dirección territorial, en el plazo máximo de tres meses desde que se produzcan, las variaciones de las circunstancias familiares o personales, siempre que éstas se deban tener en cuenta a los efectos de la modificación o de la extinción del derecho al título que tengan expedido.

La norma indica expresamente que el título de familia monoparental es compatible con el título de familia numerosa, si bien los beneficios de la misma clase o naturaleza derivados de dichos títulos no serán acumulativos, salvo que en la normativa correspondiente se establezca lo contrario.

Y, por último, impone a la Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, establecer los mismos beneficios y ventajas para las familias con el título de familia monoparental de categoría general o especial que los que tengan las familias con el título de familia numerosa de categoría general o especial, pudiendo establecer algunas específicas atendiendo a su singularidad. También promoverá beneficios y ventajas tanto en el ámbito del resto de Administraciones Públicas como en el ámbito de las empresas privadas.


CONVIVENCIA MARITAL CON UN TERCERO
14 de Febrero de 2018

CONVIVENCIA MARITAL CON UN TERCERO

El marido acuerda, en convenio regulador, que el uso de la vivienda, de su exclusiva titularidad, le corresponderá a la madre de sus hijos mientras éstos sean menores de edad. No obstante, se pacta, como cláusula de extinción del derecho de uso, el hecho de que la madre conviva maritalmente con un tercero en la vivienda. El convenio fue homologado judicialmente. En la actualidad la exesposa convive maritalmente con un tercero y con su hijo en la vivienda. ¿Es posible solicitar la extinción del derecho de uso?, ¿a través de qué cauce?, ¿cabría exigir una indemnización por daños y perjuicios?

1. LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO

En la actualidad este tipo de cláusulas son cada vez más comunes, y los jueces no suelen poner problemas a su homologación, sobre todo en los supuestos en los que no hay hijos menores bajo la custodia del cónyuge adjudicatario de la vivienda.

No obstante, cuando existen hijos menores de edad, incluso cuando la cláusula se ha acordado en el convenio regulador y es homologada por el Juez, posteriormente no son tenidas en cuenta, y se mantiene en el uso al titular de la guarda y custodia, aunque conviva maritalmente con un tercero. Es decir, en el procedimiento de modificación de medidas que insta el cónyuge titular de la vivienda para recuperar el uso, no son tenidas en cuenta dichas cláusulas.

Existen dos posturas contrapuestas en relación con esta controversia.

La doctrina y la jurisprudencia mayoritarias entienden que, si existen hijos menores, la convivencia permanente del cónyuge usuario de la vivienda con un tercero es un factor ajeno que no altera sustancialmente las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para atribuir la vivienda familiar al cónyuge custodio, dado que la atribución de la vivienda se hace teniendo en cuenta el interés superior de los hijos, por lo que la actuación del cónyuge custodio no puede perjudicar el interés del hijo.

Así, este sector de la doctrina y de la jurisprudencia entiende que la convivencia permanente de un tercero en la vivienda familiar no extingue ni modifica el derecho de uso de la citada vivienda cuando existen hijos menores, salvo que la convivencia con esa tercera persona sea perjudicial para los hijos, en cuyo caso se produciría un cambio en el régimen de custodia de los hijos y como consecuencia un cambio en el beneficiario del derecho de uso de la vivienda familiar.

Debe reseñarse que algunas resoluciones jurisprudenciales, aunque no modifican el derecho de uso de la vivienda familiar, sí que han dictado algunas medidas que tratan de compensar al cónyuge no usuario de la vivienda. Así, por ejemplo, la SAP Asturias, de 23 de abril de 1999, establece una disminución de la pensión de alimentos de los hijos, aunque otras resoluciones entienden que tal reducción de la pensión alimenticia no procede, porque la convivencia de la tercera persona en la vivienda en nada afecta a los gastos y necesidades de los hijos, que deben ser sufragadas por sus padres.

Frente a esta postura, un sector entiende que, aunque existan hijos menores de edad, la convivencia de una tercera persona en la vivienda familiar modifica o extingue el uso de la vivienda familiar.

La Sentencia más relevante en este segundo sentido es la SAP de Almería, de 19 de marzo de 2007, que ha sido considerada pionera en su fallo, puesto que hasta esa Sentencia este tipo de pronunciamientos no solían prosperar. Esta postura ha sido apoyada por la SAP de Zaragoza, de 14 de febrero de 2012, o la SAP de Valencia, 18 de julio de 2012, entre otras.

En cuanto a lo que ocurre cuando no existen hijos en el matrimonio, de manera prácticamente unánime, doctrina y jurisprudencia se manifiestan a favor de la extinción del derecho de uso si el cónyuge al que se le ha atribuido el derecho de la viviendaconvive de forma permanente con un tercero. En estos supuestos se aplica el mismo criterio que regula el Código Civil para el caso de la pensión compensatoria, art. 101 CC.

2. PROCEDIMIENTO

El procedimiento para solicitar la modificación o extinción del derecho de uso es el de modificación de medidas, cuyo fundamento radica en el art 90 CC, que contempla la posibilidad de modificar las medidas acordadas en convenio regulador, o el art. 91 CC cuando se trata de medidas fijadas en el procedimiento contencioso, y se regula en los arts. 775 a 777 LEC.

3. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Respecto a la posibilidad de que el cónyuge no beneficiario del uso solicite una indemnización por daños y perjuicios fundamentada en el incumplimiento de la obligación que impide la convivencia con un tercero en el domicilio conyugal, existe alguna resolución judicial que así lo ha acordado como es el caso de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22ª) que en un Auto de 16 julio 2002, establece:

«…habiéndose establecido para la esposa, desde un principio, la prohibición de hacer extensivo el uso de la vivienda, de la exclusiva propiedad del recurrente, a terceros; habiéndose producido la infracción de la obligación negativa que exigía una conducta de no hacer, tal infracción es atribuible, en esta sede procesal, a la esposa, y aun siendo cierto que el recurrente no podía utilizar la vivienda mientras permaneciera vigente el derecho de uso en favor de las hijas y de aquélla, no estando obligado a asumir gratuitamente la carga que supone el uso de dicha vivienda por parte de terceros, en un criterio absolutamente jurídico, era lo procedente propiciar una vía indemnizatoria a su favor, y con cargo al cónyuge trasgresor, buscando, para fijar el importe de la indemnización, y siendo preciso establecer un parámetro o una referencia que estuviera en consonancia con el coste económico del derecho disfrutado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 925 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 1/1881). Es preciso recordar para justificar el éxito de la pretensión mantenida en este trámite procesal, que en su momento el hoy recurrente interpuso demanda de desahucio contra la apelada y su nuevo esposo, pretensión fracasada, según lo resuelto en la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, de fecha 16 de mayo de 1997, confirmada por la Sala, por sentencia de fecha 11 de septiembre de 2000».

Y fija un criterio indemnizatorio concreto: «Por cuanto antecede, es evidente que se ha producido un perjuicio económico en los intereses y los derechos del hoy apelante, evaluable con criterios de orden jurídico, y con referencia a un parámetro absolutamente válido, cual es el importe de la renta que resulta del arrendamiento de dicha vivienda, conforme a la situación y las características del mismo, y al momento y período de ocupación de dicha vivienda, desde el mes de diciembre de 1997 al mes de abril de 2001, todo ello establecido con criterios técnicos y periciales, a tenor de la prueba practicada, y que fue debidamente ratificada.El importe total de dicha renta por el arrendamiento de la totalidad de la vivienda, y según el dictamen pericial, asciende a 72.342,83€ (12.036.824 pesetas); teniendo en cuenta que no es posible repercutir económicamente este concepto a cargo de la esposa y de las hijas, corresponde a esta satisfacer al recurrente la cuarta parte de dicha cantidad, a la sazón, 18.085,71€ (3.009.209 pesetas)».


PAGO DEL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN UNA HIPOTECA POR EL CONSUMIDOR
5 de Febrero de 2018

PAGO DEL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN UNA HIPOTECA POR EL CONSUMIDOR

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente la demanda de un consumidor y ha anulado varias cláusulas del contrato de préstamo hipotecario suscrito con una entidad bancaria por considerarlas abusivas.

En su sentencia de 21 de noviembre (sentencia 624/2017) la Sala considera que las cláusulas que imputan al prestatario los gastos por vencimiento anticipado, los de tasación y los aranceles notariales y registrales son abusivas. Mantiene, no obstante, que el Impuesto de Actos jurídicos Documentados, conforme a la normativa tributaria vigente, ha de pagarlo el consumidor.

Se trata del primer pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia en este sentido. La Sección Novena está especializada en Mercantil y asume los asuntos relacionados con las condiciones generales de contratación. Por este motivo esta Sección de la Audiencia verá la práctica totalidad de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario.

El Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la entidad financiera contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 5 de la capital y revoca la condena impuesta por éste al banco para que devolviera al consumidor el dinero pagado por el Impuestos de Actos Jurídicos Documentados.

La sentencia, señala que:

"Con independencia de que la sentencia de 23/12/2015 del Tribunal Supremo no tiene por objeto ni ha dispuesto fijar la atribución del sujeto pasivo de tal impuesto en la prestamista, conforme a la normativa específica tributaria (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y resoluciones judiciales que la han interpretado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, resulta fijado que el sujeto pasivo es el prestatario; razón por la cual, colocados los actores al momento de la contratación, ellos debían abonar el mentado impuesto, por lo que no procede que el mismo sea a cargo de ...S.A."

La decisión de la Sección Novena de la Audiencia de Valencia sobre este impuesto "se alinea con la posición absolutamente mayoritaria en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que han enjuiciado la acción de restitución anudada a la de nulidad de tal clase de pacto en préstamos hipotecarios". En el mismo sentido ya se han pronunciado las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Oviedo, A Coruña, Palencia, La Rioja, Cantabria y Alicante.


 LA PENSIÓN COMPENSATORIA DEBE SER VITALICIA O TEMPORAL
19 de Enero de 2018

LA PENSIÓN COMPENSATORIA DEBE SER VITALICIA O TEMPORAL

Nuestro Código Civil en su artículo 97 establece que «el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior al matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial…» 

Por lo tanto, la ley regula la pensión compensatoria, pero ésta, es obligatorio que sea vitalicia o por el contrario podría cumplir con su objetivo de reequilibrio siendo temporal.

Los que están en contra de la temporalización de la pensión compensatoria se basan en que el precepto del art. 97 Cc no la establece; se trata de una omisión voluntaria del legislador, que si la hubiera querido prever la hubiera establecido; es contraria a la «ratio» del precepto; contradice la literalidad de los artículos 99y 101 Cc.; quedarían sin contenido los arts. 100 y 101 delCc.; supone una condena de futuro sin base legal; significaría adoptar una decisión sin ninguna base cierta; y que la pensión compensatoria «tiene una vocación natural de perpetuidad, y que si la causa originadora de la misma es el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce a un cónyuge en relación a la posición del otro, dicha circunstancia, que se constata al término de la convivencia conyugal, en principio se proyecta estáticamente hacia el futuro, por lo que debe presumirse que subsiste hasta tanto no se acredite un cambio de fortuna en el acreedor, sin que sea posible suponer apriorísticamente que la suerte del beneficiario de la pensión evolucionará necesariamente hacia mejor, y menos que lo haga en un determinado período de tiempo».

Por parte de los que están a favor se sostiene que: el art. 97 Cc.no la recoge expresamente, pero tampoco la excluye; no contradice los arts. 99, 100 y 101 del Código Civil y en absoluto es contrario a la «ratio» legal; el art. 97 no tiene por finalidad perpetuar el equilibrio de los cónyuges separados o divorciados, sino que la «ratio» del precepto es restablecer un desequilibrio que puede ser coyuntural, y la pensión compensatoria aporta un marco que puede hacer posible o contribuir a la readaptación; y en sintonía con lo anterior también se destaca que la legítima finalidad de la norma legal no puede ser otra que la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, perfectamente atendible con la pensión temporal. No cabe dejar en manos de una de las partes que la situación económica cambie a su antojo o comodidad, o dependa del propósito de perjudicar al otro, con lo que se evitan situaciones abusivas y se previenen conductas fraudulentas, tanto del acreedor como del deudor; evita la incertidumbre o situaciones de excesiva provisionalidad; y se aduce el carácter dispositivo —se trata de materia sujeta a la disposición de las partes en cuanto está basada en un interés privado, y por ello es renunciable, transaccionable y convencionalmente condicionable y limitable en el tiempo.

En principio la opinión doctrinal era que la pensión compensatoria tenía un carácter vitalicio, pero a partir de los años 80 la introducción de la pensión compensatoria  junto con la incidencia de diversos factores sociales, dieron lugar a un importante cambio de opinión en la doctrina científica con una notoria evolución de la jurisprudencia de las Audiencias, que, si bien en un principio se mantuvieron fieles a la opinión claramente dominante de que la pensión debía ser vitalicia,  a partir de los años 90, comenzaron a mostrarse favorables a la temporalización —unas veces, en circunstancias excepcionales; y otras, con mayor flexibilidad—, hasta el punto de que en la actualidad tal corriente favorable es claramente mayoritaria(Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección. 2ª, de 3 de noviembre de 2006).

El criterio favorable a la temporalización de la pensión compensatoria aparece en el Informe del Comité de expertos sobre el derecho relativo a los esposos (Reunión de Estrasburgo de 20 a 24 de octubre de 1980); el Código de Familia de Cataluña, (Ley 9/98, de 15 de julio)en cuyo art. 86.1.d) se establece que el derecho a la pensión compensatoria se extingue por el transcurso del plazo por el que se estableció—; y el Proyecto de Ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.

CONCLUSIÓN

De lo dicho se deduce que nuestra ley no prohíbe la temporalización de la pensión compensatoria, sino que se adecua a la realidad social y puede cumplir la función reequilibradora, siempre que se den determinadas circunstancias. Por tanto, debe admitirse su posibilidad, aunque es preciso hacer referencia a las pautas generales que permiten su aplicación, no procediendo la supresión de la pensión compensatoria si subsiste el desequilibrio económico inicial entre los antecedentes determinantes de la continuidad de la pensión compensatoria reconocida en su día a la esposa (Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 6ª, 18/2015 de 2 Febrero de 2015).


GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA DEL HIJO PARA CUANDO DEJE DE SER UN BEBÉ
10 de Noviembre de 2017

GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA DEL HIJO PARA CUANDO DEJE DE SER UN BEBÉ

1. Introducción:

La custodia compartida fue introducida en nuestro Derecho Civil por la Ley 15/2005, de 8 de Julio. Y el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 29 de abril de 2013, señaló que la redacción del art. 92 CC «no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea».

Y aunque a partir de la reforma del Código Civil y los pronunciamientos del TS, los Jueces y Tribunales son más propensos a su establecimiento, en la práctica no se ha producido un incremento significativo de las resoluciones acordando esta modalidad de guarda y custodia.

Actualmente y partiendo de la base de que el régimen de guarda y custodia compartida es el normal y deseable, pues permite ejercitar el derecho de los hijos a relacionarse plenamente con ambos progenitores, el Tribunal Supremo establece que hay examinar siempre las circunstancias, valorando las situaciones concretas.

2. Análisis de la sentencia.

En sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 13 de julio de 2017, Rec. 3268/2016, dicho Tribunalanaliza el siguiente supuesto:

Un padre, interpone demanda de medidas paterno-filiales para una menor de pocos meses, solicitando al Juzgado atribuir la guarda y custodia de la niña a la madre hasta que aquélla cumpliera los dos años, con un amplio régimen de visitas y una vez cumplida esa edad, la guarda y custodia sería compartida.

El Juzgado estimó parcialmente la demanda, es deciracordó las medidas de guarda y custodia a la madre, además de un amplio régimen de visitas, pero desestimó otorgar la guarda y custodia compartida para cuando la niña dejara de ser un bebe, tal y como había solicitado el demandante.

La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial (SAP Madrid de 12 de julio de 2016, Rec. 1461/2015), pues,tal y como argumentó,no podía aventurarse a otorgar la custodia compartida para un momento futuro, cuyas circunstancias se ignoran en la actualidad.Para tomar dicha decisión se tienen en cuenta varios hechos, pero sobre todo,no se podía acceder a la petición del padre porque no había base probatoria que permitiera concluir que dicho régimen de custodia sería más beneficioso para la menor una vez que ésta cumpliera los dos años.

El Tribunal Supremo coincide con la postura de la Audiencia Provincial. Si bien ambos progenitores reunían las capacidades adecuadas y suficientes para el correcto ejercicio de sus responsabilidades como padres, y que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable (STS 16 feb. 2015, Rec. 2827/2013), hay que aclararque debe de examinarse cada caso concreto.En la decisión del Tribunal sobre la guarda y custodia  lo que prima es el interés del menor, y ello exige un compromiso y colaboración de los progenitores para que estas situaciones se resuelvan con normalidad.

Según el Tribunal, parece aventurado decidir ahora para cuando la niña tenga dos años, desconociéndose las circunstancias que se darán en el futuro, siendo más prudente esperar y modificar el régimen de custodia una vez que la niña alcance esa edad, pues se tendrá mayor conocimiento de causa, y se valorará mejor el interés del menor con un informe psicosocial.

 

3.Conclusion.

A la conclusión que podemos llegar sobre la postura actual del Tribunal Supremo en cuanto a la guarda y custodia de los hijos menores, es que el alto Tribunal aun considerando que la custodia compartida es el sistema normal y más aconsejable para el bienestar de los hijos menores, la conveniencia de este modelo deberá ser probada y justificada, atendiendo al análisis de cada caso concreto.


¿ES LA PENSIÓN A SATISFACER POR LOS HEREDEROS A LA VIUDA DEL CAUSANTE, UN GASTO DEDUCIBLE EN EL IRPF?
24 de Octubre de 2017

¿ES LA PENSIÓN A SATISFACER POR LOS HEREDEROS A LA VIUDA DEL CAUSANTE, UN GASTO DEDUCIBLE EN EL IRPF?

1. INTRODUCCIÓN. HECHO IMPONIBLE DEL ISD

Antes de analizar la consulta vinculante objeto de esta nota informativa, conviene hacer un breve recordatorio sobre el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD).

Están sujetos al ISD los incrementos de patrimonio obtenidos a título lucrativo por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.

El concepto otros títulos sucesorios engloba, entre otros supuestos, los siguientes:

- La donación mortis causa ( art.620 CC).

- Los contratos o pactos sucesorios.

- Las cantidades asignadas por los testadores a los albaceas por la realización de sus trabajos como tales, siempre que excedan de las establecidas por usos o costumbres o del 10% del valor comprobado del caudal hereditario.

- Las cantidades que las empresas y entidades en general entreguen a los familiares de los empleados fallecidos, salvo las derivadas de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento o las que deban tributar por IRPF.

2. TRIBUTACIÓN DE LA PENSIÓN A SATISFACER POR LOS HEREDEROS A LA VIUDA DEL CAUSANTE. SÍNTESIS DE LA CONSULTA VINCULANTE V1307-17 DE 29-5-2017

Los hijos del causante reciben en herencia un local con la obligación de, mientras este se encuentre arrendado, satisfacer a su viuda en segunda nupcias el legado que ha establecido a su favor: 3.000 euros anuales que debe actualizarse con el IPC.

Ante la duda sobre si la pensión a satisfacer a la viuda puede ser considerada como gasto deducible a efectos de la imputación en el IRPF de los rendimientos del capital inmobiliario derivados del arrendamiento del local, así como en la declaración de rentas imputadas por la comunidad de bienes a sus comuneros, se eleva consulta ante la DGT.

La Administración en su contestación recuerda que:

1. Constituye el hecho imponible del ISD la adquisición por herencia de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier título sucesorio (LISD art.3). En consecuencia, no puede entenderse que queden sujeto al IRPF sino al ISD la atribución de los bienes y derechos a los hijos del causante a título sucesorio.

2. La pensión de la viuda a costa de los herederos, debe ser calificada como legado sobre cosa ajena (CC art.861 y 863), al tratarse de una carga impuesta por el testador a su sucesor universal o legatario para poder aceptar su parte de la herencia o legado.

En base a todo lo anterior concluye la DGT, que la pensión está sujeta al ISD en concepto de adquisición de bienes y derechos por legado, considerando la misma, a efectos de los herederos, como una carga deducible en de su declaración por ISD.

3. CONCLUSIÓN

En esta consulta, la DGT esclarece que la pensión que debe recibir la viuda del causante como legado tributa por ISD y no por IRPF. Al mismo tiempo, para los herederos forzosos (sus hijos), dicha pensión será una carga deducible en su declaración del ISD.

En relación a la cuantificación de la base imponible (la pensión), normalmente, habría un solo devengo del impuesto y una única base imponible, igual al valor actual de las prestaciones futuras calculado en función bien de su duración si la pensión es temporal, bien de la edad del pensionista y de su expectativa de vida, si la pensión es vitalicia.

No obstante, en el caso planteado la viuda percibirá la pensión solo en los periodos de tiempo en los que esté alquilado el inmueble. En esta consulta no se plantea ni se indica solución al problema de cómo cuantificar el legado y del momento de su devengo. Por tanto, teniendo en cuenta que la duración de la renta es incierta, cabe la duda sobre si la consideramos temporal ó vitalicia calculándola como una renta perpetua.