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EL TITULAR REAL Y EL DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES. RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR
23 de Abril de 2019

EL TITULAR REAL Y EL DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES. RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR

El Colegio de Registradores, como organización con capacidad y medios, actuando como parte activa en la lucha contra el blanqueo de capitales y siguiendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha creado un Registro Público de Titulares Reales (RPTR), que en este caso, depende del Colegio de Registradores de España y en concreto del Registro Mercantil.

Estas son algunas de sus características del RPTR:

        1. El depósito de Las Cuentas anuales no se practicará si no se ha incorporado la declaración de titularidades reales. Así, la falta de depósito de cuentas impide a la sociedad la inscripción de nuevos actos en el Registro Mercantil, pudiendo suponer la declaración de un concurso de acreedores como culpable, tampoco permite participar en licitaciones públicas, lo que explica que las sociedades que no depositan cuentas generalmente no desarrollen actividades económicas efectivas. En la actualidad, este sistema es el único que viene a resolver las objeciones del GAFI sobre la falta de sanción en caso de no declarar la titularidad real de la sociedad.

        2. La constancia del titular real como un apartado de los depósitos de cuentas no supone incremento de costes para las sociedades mercantiles y hace innecesario el otorgamiento de ningún otro documento cuyo coste deba ser satisfecho por las sociedades. La publicidad, que es gratuita para las administraciones públicas, tendría el coste fijado en el arancel para los demás sujetos obligados.

        3. El titular real podrá actualizarse en cualquier momento en virtud del documento presentado al efecto por el administrador de la sociedad, y además obligatoriamente se deberá actualizar con la presentación de las cuentas sociales una vez al año.

        4. El proyecto BRIS (*) ha supuesto la interconexión de los registros mercantiles europeos, y es a través de esta plataforma, en la que se integra el Registro Mercantil español, por la que se dará la publicidad de los titulares reales a nivel europeo. Además, el punto de conexión que se prevé con los distintos países es el domicilio social lo que hace especialmente valiosa esta base de datos al ser más fácilmente controlables todas las operaciones referidas a una misma sociedad con independencia del lugar en que se realicen.

        5. Es Completo: la constancia de la titularidad real en el Registro Mercantil se extiende a todas las sociedades mercantiles y es ajena al documento que haya generado la misma, pues incluye tanto los titulares resultantes de documentos notariales españoles como los que deriven de documentos notariales extranjeros, documentos judiciales, administrativos o privados.

        6. El Registro Mercantil es un registro público, lo que permite cumplir con la directiva comunitaria que exige que cualquier persona pueda conocer el titular real de una sociedad, y además la gestión directa de esta publicidad se llevará a través de los registradores mercantiles quienes velarán por hacer cumplir las limitaciones a la publicidad impuestas por las normas.

        7. El origen de la información es el depósito de cuentas realizado por el administrador de la sociedad, cuyo cargo es comprobado por el registrador mercantil, y además será responsable dicho administrador, incluso penalmente, en caso de falsedad puesto que podría considerarse falsedad en documento mercantil.

        8. Sistema fiable y reglado, con pleno respeto a la legislación de protección de datos: El registrador mercantil como funcionario público, resolverá sobre las peticiones de información presentadas por particulares, pues las administraciones públicas y los sujetos obligados tienen un acceso privilegiado, y contra su decisión cabrá la interposición de recurso.

        9. La normativa antiblanqueo comunitaria ha ido exigiendo progresivamente más datos sobre los titulares reales (fecha de nacimiento, residencia, estructuras societarias interpuestas…), sin embargo, estos nuevos requerimientos se añadirán al modelo de cuentas anuales para completar la información en el siguiente ejercicio, a la vez que actualizarla.

                (*) Los registradores han comunicado al índice Central Europeo de Interconexión de Registros Mercantiles (BRIS) información de 2.960.203 sociedades.


OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
9 de Abril de 2019

OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en la letra e) del apartado 2 del artículo 29, respecto de los obligados tributarios, la obligación de conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, la Ley del IVA, en su artículo 165.uno (redacción dada por el artículo 79.once de la Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011) establece que las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de las facturas expedidas, deberán conservarse, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de prescripción del Impuesto.

Se entiende por justificante contable cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quién la realice sea un empresario o profesional no establecido en la Comunidad.

Cuando los documentos se refieran a adquisiciones por las cuales se haya soportado o satisfecho cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante el período de regularización correspondiente a dichas cuotas y los cuatro años siguientes.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de facturación, los empresarios y profesionales deben conservar durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria, los siguientes documentos:

         -  Las facturas y documentos sustitutivos recibidos.

         - Las copias o matrices de las facturas expedidas y las copias de los documentos sustitutivos expedidos.

         -  Las facturas originales o los justificantes contables de la operación expedidos por quien realice la entrega  de bienes o la prestación de servicios en los supuestos de inversión del sujeto pasivo.

         - Los recibos justificativos del reintegro de la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, tanto el original por parte del expedidor, como la copia por el titular de la explotación.

         -  Los documentos acreditativos del pago del Impuesto a la importación.

La obligación también alcanza a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del IVA, y a quien sin ser empresario o profesional es sujeto pasivo del impuesto. En este último caso, la obligación alcanza únicamente a los documentos citados en el párrafo c).

Formato de conservación:

La obligación de conservación se refiere a los documentos recibidos en el formato y soporte original en el que hubieran sido remitidas. No obstante los artículos 7 y 8 de la orden EHA/962/2007 admiten las siguientes posibilidades de conversión:

      - El destinatario puede proceder a la digitalización certificada de los documentos recibidos en papel que tengan el carácter de originales, siempre que el proceso de digitalización, que puede realizarse por el propio obligado tributario o por un tercero, se haga de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la orden. En todo caso, será necesario utilizar un software de digitalización homologado por el Director del Departamento de Informática Tributaria.

El procedimiento de digitalización certificada también puede utilizarse respecto del resto de los documentos a que se refiere el artículo 19.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

(En relación a lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la Orden EHA/962/2007, se ha dictado la Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización -BOE de 1 de noviembre-).

       - Cuando los documentos sean remitidos por medios electrónicos y firmados con firma electrónica avanzada, los destinatarios que lo deseen, después de verificar la firma, pueden conservarlos de forma impresa en papel. La conversión de soporte podrán realizarla mediante la correspondiente opción de software que permita la impresión a papel, junto con los contenidos del documento, de dos conjuntos de códigos PDF-417, considerados como dos marcas gráficas de autenticidad, de acuerdo con establecido en el artículo 8 de la orden.

La obligación de conservación se puede cumplir por un tercero, que actuará en nombre y por cuenta del empresario o profesional o sujeto pasivo el cual será el responsable del cumplimiento de la obligación.

Cuando el tercero no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el que exista un instrumento jurídico relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del IVA (en la actualidad, el único país con el que existe un acuerdo de este tipo es Noruega), debe existir autorización por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En este sentido, de acuerdo con la Instrucción 5/2004, de 1 de junio, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se concreta que la concesión de dicha autorización corresponde al Departamento de Gestión Tributaria.

Formas de conservación.

La Ley 37/1992 prevé la posibilidad de que las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de las facturas expedidas, pueden conservarse por medios electrónicos.

Cuando el sujeto pasivo conserve por medios electrónicos las facturas expedidas o recibidas, deberá garantizarse a la Administración tributaria tanto el acceso en línea a las facturas como su carga remota y utilización, con independencia del lugar en que se conserven.

De acuerdo con el Reglamento de facturación, todos los documentos, tanto los recibidos como los expedidos, deben conservarse de forma que se garantice el acceso a ellos por parte de la Administración tributaria sin demora. Esta obligación podrá cumplirse, además de en papel, mediante la utilización de medios electrónicos. En este caso la conservación se debe efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se hayan recibido o remitido de forma que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. A estos efectos, la Administración tributaria puede exigir en cualquier momento al remisor o al receptor de los documentos su transformación en lenguaje legible.

Se entenderá por acceso completo el que permita la consulta directa de todos y cada uno de los documentos.

Cuando las facturas o documentos sustitutivos tengan soporte electrónico, el acceso completo debe entenderse como aquél que posibilite una consulta en línea a los datos que permita la visualización de los documentos con todo el detalle de su contenido, la búsqueda selectiva por cualquiera de los datos que deban reflejarse en los libros registro de IVA, la copia o descarga en línea en los formatos originales y la impresión a papel de aquellas facturas y documentos sustitutivos que sean necesarios a los efectos de la verificación o documentación de las actuaciones de control fiscal.

Lugar de conservación.

Por su parte, los artículos 22 y 23 del Reglamento de facturación establecen que el empresario o profesional o el sujeto pasivo obligado a la conservación de las facturas o documentos sustitutivos podrá determinar el lugar de cumplimiento de dicha obligación, a condición de que ponga a disposición de la Administración tributaria y sin demora injustificada, toda la documentación así conservada.

Cuando la obligación de conservación se cumpla mediante la utilización de medios electrónicos, se deberá garantizar a la Administración el acceso en línea a los documentos conservados, así como su carga remota y utilización. Esta obligación es independiente del lugar de conservación.

Cuando la conservación se efectúe fuera de España, dicho extremo debe comunicarse, con carácter previo, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y únicamente se considerará válidamente cumplida la obligación si se realiza mediante el uso de medios electrónicos que garanticen el acceso completo al sistema informático de almacenamiento remoto y sin demora injustificada. Por tanto, no se admite la conservación de documentos en soporte papel fuera del territorio español.

Cuando el lugar seleccionado para la conservación por el propio obligado tributario, o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta del obligado tributario sea un tercer país no perteneciente a la Unión Europea o con el cual no exista un instrumento jurídico de asistencia mutua, la conservación de las facturas o documentos sustitutivos en dichos terceros países sólo podrá realizarse cuando lo haga de forma directa el obligado tributario previa comunicación al Departamento de Gestión de la AEAT, o cuando se encomiende a un tercero previa autorización del Director del Departamento de Gestión Tributaria siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 8.4. de la orden ministerial de facturación telemática.

El procedimiento indicado también es aplicable a los supuestos de autorización en relación con la expedición de facturas o documentos sustitutivos por los clientes o por terceros prestadores de servicios de facturación no residentes en España por cuenta de empresarios y profesionales residentes en territorio español.

Este procedimiento sólo podrá instarse por empresarios o profesionales establecidos o residentes en España.

Plazo de conservación.

Los documentos de facturación deben conservarse durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria.

Cuando las facturas recibidas o expedidas se refieran a adquisiciones por las cuales se hayan soportado cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante su correspondiente periodo de regularización y los cuatro años siguientes.

Por otra parte, los empresarios o profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de inversión, deberán conservar las copias de las facturas correspondientes a dichas operaciones durante un período de cinco años. (art. 140 sexies LIVA).


DIETAS DECLARADAS EXENTAS POR PARTE DEL PAGADOR
13 de Marzo de 2019

DIETAS DECLARADAS EXENTAS POR PARTE DEL PAGADOR

El pasado 06 de noviembre de 2018, la vocalía duodécima del TEAC emitió la resolución 03975/2018 por la que se fija Criterio doctrinal, acerca del Recurso de unificación de criterio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en referencia a la carga de la prueba de la exoneración de tributación de las retribuciones que han sido declaradas por el pagador como dietas exceptuadas de gravamen. En concreto el criterio adoptado trata de determinar si corresponde al pagador o al perceptor de las mismas.

Así el Criterio adoptado es el siguiente:

      1. No existe obstáculo normativo que impida a la Administración comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas como dietas y asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen, en relación con las mismas.

      2. Los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos de manutención, deben ser acreditados por el pagador, pues a él le corresponde justificar el día y lugar del desplazamiento que, junto con el motivo o razón de éste, son precisamente los extremos que permiten acreditar que las cantidades (euros por kilómetro o euros por día) establecidas en la norma quedan exoneradas de tributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella.

      3. Los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los de estancia (con la salvedad de los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma), habrán de justificarse, en principio, por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la carga de dicha prueba a la entidad pagadora, haber sido satisfechos por él, estando los justificantes expedidos a su nombre, y regir, en definitiva, el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105 de la LGT y que atribuye al obligado tributario acreditar aquellos hechos que le favorecen. Lo mismo cabría señalar de los gastos de aparcamiento o peaje en el caso de que se hubiese utilizado un vehículo privado.

No obstante lo anterior, la acreditación de la vinculación de estos gastos con la actividad económica de la entidad pagadora corresponderá a esta última, pues a ella le atribuye la norma la carga de probar el día, lugar y motivo del desplazamiento, esto es, que los gastos de desplazamiento de los empleados obedecen a razones laborales y de organización de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de tales circunstancias si dispusiera de ella.

Ahora bien, si el perceptor de las cantidades en concepto de dietas y asignaciones para gastos de viaje no acreditara en el seno del procedimiento de comprobación incoado respecto a él estos gastos por él satisfechos, alegando que tal documentación está en poder del pagador por habérsela entregado de cara a su resarcimiento con ocasión de la rendición de cuentas, o que la propia empresa pagadora reconoce la exoneración de las cantidades en el certificado de retribuciones y retenciones sobre el trabajo personal que a tal efecto se exhibe o en el modelo 190 presentado cuyos datos le imputa la Administración, y con cuyos contenidos no discrepa, el principio de disponibilidad de la prueba y facilidad probatoria impide a ésta hacer tributar sin más tales cantidades en el IRPF del perceptor, por falta de la justificación correspondiente, sin antes intentar obtener del pagador la documentación precisa mediante el oportuno requerimiento.

      4. Si la Administración acreditase que al tiempo del procedimiento de comprobación seguido con el perceptor la relación de éste con el pagador fuera tal que le permitiera el acceso pleno a las pruebas requeridas para justificar la exoneración de gravamen de las cantidades recibidas en concepto de dietas y asignaciones para gastos de viaje, entonces aquélla podría dirigirse exclusivamente al perceptor para recabarlas, sin obligación de requerir al pagador.


EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE LA EXENCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD
19 de Noviembre de 2018

EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE LA EXENCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD

El  pasado  3  de  octubre,  el  Tribunal  Supremo,  resolvió  el  recurso  interpuesto  por  la abogacía del Estado, para dilucidar si la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social cumple la función de sustituir la retribución normal (que no está exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente  permiso,  o  bien  cabía  extender  a  las  prestaciones  por  maternidad  de  la Seguridad  Social  la  exención  que  el  artículo  7  de  la  Ley  del  IRPF  sí  establece  para  dichas prestaciones  por  maternidad  cuando  proceden  de  las  Comunidades  Autónomas  o  entidades locales.

Dicha Sentencia (1462/2018) considera que “la prestación por maternidad a cargo del INSS puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la  Ley  del  IRPF”,  ya  que  éste  dispone  textualmente  “igualmente  estarán  exentas  las  demás prestaciones  públicas  por  nacimiento,  parto  o  adopción  múltiple,  adopción,  hijos  a  cargo  y orfandad”.

Aduce la Sentencia, que ello emana de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30  de  Diciembre,  de  medidas  Fiscales,  Administrativas  y  de  Orden  Social,  que  introdujo  la mencionada exención en la Ley 40/1998 del IRPF y trasladó al RD Legislativo 3/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del IRPF.

Cabe pues recordar, esa Exposición de Motivos: "En el Impuesto sobre la Renta de las Personas  Físicas,  en  primer  lugar,  se  establece  la  exención  de  las  prestaciones  públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real Decreto Ley 1/2000, de 14 de enero".

Argumenta  el  Alto  Tribunal  que:  “se  desprende  que  la  exención  que  se  establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo  a  cargo,  pues  se  refiere  expresamente  a  la  prestación  por  maternidad  y  no  parece pretender  que  su  alcance  se  limite  a  las  concedidas  por  las  Comunidades  Autónomas  o entidades  locales,  sino  que  trata  de  establecer  la  exención  de  todas  las  prestaciones  por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.

Siguiendo el argumento que en muchas ocasiones esgrime la AEAT, “que las leyes hay que  interpretarlas  en  el  propio  sentido  de  las  palabras”,  el  TS  efectúa  una  interpretación gramatical:  “Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”, después de declarar exentas en el párrafo tercero “las  demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan  por  las  Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Localespues  en  otro  caso  la partícula “también” sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales.

Finalmente, resaltamos de la Sentencia que, “del  tenor  del  artículo  177  de  la  Ley General   de   la   Seguridad   Social,   “el   Supremo   recuerda   que   se   consideran   situaciones protegidas  la  maternidad,  la  adopción,  la  guarda  con  fines  de  adopción  y  el  acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen.”

“En consecuencia (falla el Tribunal) la prestación por  maternidad puede  incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso  de  casación  ha  de  ser  desestimado  y  establecer  como  doctrina  legal  que  ‘las prestaciones  públicas  por  maternidad  percibidas  de  la  Seguridad  Social  están  exentas  del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’.”

¿Qué puede hacer el contribuyente afectado?

Parece lógico abstraer, que tanto madres como padres que en su momento tributaron en el IRPF por estas prestaciones de maternidad, pueden iniciar un procedimiento tributario de rectificación de autoliquidación, relativos a los ejercicios no prescritos, es decir, de 2014 a 2017, por el que se solicitará la correspondiente devolución de ingresos indebidos.

Al tratarse de la declaración del IRPF, para los ejercicios 2016 y 2017 podrá utilizarse la propia plataforma RentaWeb, o bien presentando escrito de devolución de ingresos indebidos. Esto será posible siempre que la Administración no haya practicado liquidación provisional o  definitiva por ese motivo y que no haya transcurrido el plazo de cuatro años (a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las declaraciones, o bien, si la  declaración  se  presentó  fuera  de  ese  plazo,  desde  el  día siguiente a la presentación).


AUSENCIA DE IDONEIDAD DEL MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE VALORES, BASADO EN LA REFERENCIA A LOS VALORES CATASTRALES
15 de Noviembre de 2018

AUSENCIA DE IDONEIDAD DEL MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE VALORES, BASADO EN LA REFERENCIA A LOS VALORES CATASTRALES

El Tribunal Económico Administrativo Central, ha emitido una importante resolución, de  fecha 20  de  Septiembre,  (núm. Res.  5176/2015), sobre  los métodos de  comprobación de valores,   en   particular   el   “método   de   estimación   por   referencia   a   valores   catastrales multiplicados  por  índices  o  coeficientes”,  para  el  cálculo  de  impuestos  en  los  que  la  base imponible viene determinada legalmente por su valor real.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo declara que este método NO es idóneo, por su generalidad  y  falta  de  relación  con  el  bien  concreto  de  cuya  estimación  se  trata,  para  la valoración  de  bienes  inmuebles  en  aquellos  impuestos  en  que  la  base  imponible  viene determinada  legalmente  por  su  valor  real,  como  es  el  caso  del  Impuesto  sobre  Sucesiones, salvo  que  tal  método  se  complemente  con  la  realización  de  una  actividad  estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.

Así, como referencia práctica, la STS de 23 de mayo de 2018 (Recurso de Casación Nº1880/2017),  en  el  Fundamento  Sexto  de la misma,  matizaba  el  contenido  interpretativo  en  los siguientes términos:

Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa LJCA), procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión....A tal efecto la respuesta es la siguiente:

A.-   La   primera   cuestión consiste   en   "determinar   si   la   aplicación   de   un   método   de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano consistente en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo, para comprobar el valor declarado   a   efectos   del   Impuesto   sobre   Transmisiones   Patrimoniales   y   Actos   Jurídicos Documentados, permite a la Administración tributaria invertir la carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor comprobado obtenido no se corresponde con el valor real".

1) El método  de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) L  23 de mayo de2018  (Recurso  de  Casación  Nº  1880/2017)  GT  )  no  es  idóneo,  por  su  generalidad  y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de   bienes   inmuebles   en   aquellos   impuestos   en   que   la   base   imponible   viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.

2) La aplicación del método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) LGT no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no.

3) La aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que  la  Administración  exprese  motivadamente  las  razones  por  las  que,  a  su juicio,  tal  valor  declarado  no  se  corresponde  con  el  valor  real,  sin  que  baste  para justificar   el   inicio   de   la   comprobación   la   mera   discordancia   con   los   valores   o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral.

4) El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración  o  autoliquidación  del  impuesto  coincide  con  el  valor  real,  siendo  la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia.

B.-  La  segunda  cuestión  se  formula  así:  "determinar  si,  en  caso  de  no  estar  conforme,  el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración Tributaria a través  del expresado método, habida cuenta de  que,  es  el medio específicamente   regulado   para   cuestionar   el   valor   comprobado   por   la   Administración Tributaria en caso de discrepancia".En  armonía  con  una  reiterada  y  constante  jurisprudencia  de  este  Tribunal  Supremo,  la respuesta a tal pregunta debe ser la siguiente:

1) La tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las   conclusiones   del   acto   de   liquidación   en   que   se   aplican   los   mencionados coeficientes   sobre   el   valor   catastral,   sino   que   su   utilización   es   meramente potestativa.

2)   Para   oponerse   a   la   valoración   del   bien   derivada   de   la   comprobación   de   la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o  coeficientes, el interesado  puede valerse  de  cualquier medio  admisible en Derecho, debiendo tenerse en cuenta lo respondido en la pregunta anterior sobre la carga de la prueba.

3) En el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de  aquél,  el  interesado  puede  valerse  de  cualesquiera  medios  de  prueba admisibles  en Derecho,  hayan sido o no propuestos  o practicados  en la obligatoria vía impugnatoria previa. (...)”.

La  Sentencia  referida  y  esta  resolución  del  TEAC,  nos  sirven como referencia en las reclamaciones económico-administrativas, no sólo que interpongamos a futuro, sino también a las que aún no están resueltas por los TEAR y TSJ´s.

Además   como   reitera   el   propio   TEAC,   anulado   el   acto   administrativo   por   la existencia  de  vicios  formales  generadores  de  indefensión,  como  es  el  caso,  el  órgano económico-administrativo carece de competencia para pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas por el recurrente”.


DEDUCCION DEL IVA EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TURISMOS UTILIZADOS POR LOS REPRESENTANTES O AGENTES COMERCIALES
5 de Noviembre de 2018

DEDUCCION DEL IVA EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TURISMOS UTILIZADOS POR LOS REPRESENTANTES O AGENTES COMERCIALES

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, en Sentencia del 19 Julio 2018, 1347/2018, Rec. 4069/2017, aborda diversas cuestiones sobre la deducción de IVA en la compra de vehículos turismos utilizados por representantes o agentes comerciales

Aunque la deducibilidad del IVA soportado, en ocasión de adquisición de vehículos es una cuestión que parecía haber quedado resuelta tras las sentencias de 5 febrero, 17 de abril y 21 de mayo de 2018, en esta nueva sentencia el alto Tribunal va más allá y al hilo de una regularización en el IVA, en la que se redujo al 50% la deducción por las cuotas soportadas en el arrendamiento financiero de vehículos, aclara el alcance de la presunción de la afectación de los vehículos al desarrollo de la actividad de los representantes o agentes comerciales.

A priori, la letra e) del último párrafo de la regla 2ª del artículo 95, tres, de la LIVA parece contemplar el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, relacionadas con vehículos turismos, en atención al grado efectivo de afectación del bien a la actividad empresarial o profesional del interesado, pero dejando a cargo del contribuyente la carga de probar un porcentaje mayor al del 50% de afectación, y siendo de cargo de la Administración Tributaria probar que procede una menor deducción.

Alegada la contradicción de la norma española con la Directiva de IVA, no entiende el Supremo que se dé tal contradicción, al contrario, la Ley del IVA reconoce expresamente el derecho a la deducción sin limitación derivada del grado de afectación del vehículo a la actividad empresarial, y entiende correcta únicamente la deducción que responda al grado efectivo de utilización del bien en el desarrollo de la actividad empresarial, presumiendo, salvo prueba en contrario, un porcentaje de afectación que puede ser, en la práctica, superior o inferior al presunto, desplazando sobre la parte que pretende incrementarlo o reducirlo la carga de acreditar un diferente grado de afectación, lo que lleva a la afirmación de que pueden las legislaciones nacionales establecer que el derecho a deducir el IVA de los bienes de inversión se corresponda porcentualmente con el grado de afectación de ese bien a la actividad empresarial.

Sobre estas bases, no acierta la Sentencia recurrida, al considerar que la Directiva no autoriza a los Estados miembros a limitar la deducción de las cuotas de IVA relativo a los vehículos automóviles al grado efectivo de utilización del bien a la actividad, introduciendo un nuevo matiz el Tribunal Supremo en la resolución de las pretensiones deducidas en el proceso. La errónea oposición de la Sala a la posibilidad de aceptar en los vehículos una afectación a la actividad empresarial del cien por cien consistió en reiterar, a estos efectos, la tesis seguida por la Administración Tributaria, en el acto de liquidación, basada en que la referencia a representantes o agentes comerciales en la letra e) incluida en el último párrafo de la regla 2ª del artículo 95.tres de la LIVA venía referida a "profesionales que desarrollan esa actividad, y no a empleados de la propia empresa". El Tribunal Supremo no acoge esa única oposición de la Administración demandada, al no compartir la interpretación que preconiza para la letra e) incluida en el último párrafo de la regla 2ª del artículo 95.tres de la LIVA , y declara la nulidad de la sentencia impugnada ya que presumiéndose la afectación del 100% en los desplazamientos que conllevan las actividades comerciales y de representación por entender que los mismos tienen un carácter permanente, no fue ajustado a Derecho reducir al 50% la deducción aplicable.


LA NUEVA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL TITULAR REAL EN LAS EMPRESAS
19 de Septiembre de 2018

LA NUEVA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL TITULAR REAL EN LAS EMPRESAS

La Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, aprobó los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

La principal novedad en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la llamada “identificación del titular real de la sociedad”.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA OBLIGACIÓN MERCANTIL Y QUIENES DEBEN CUMPLIRLA?

A continuación sintetizamos en qué consiste esta nueva obligación mercantil:

¿Quiénes están sujetos a la obligación de identificar al titular real?

Todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado en virtud del artículo 3.6 a) i) de la directiva y el artículo 9.4 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tienen la obligación de identificar a las personas físicas que son titulares reales de acciones o participaciones de las mismas.

¿Quiénes tienen la cualidad de “titular real”?

La persona física o personas físicas que cumplen con los requisitos establecidos en la Directiva y en la legislación española. En general, se entiende por titular real a la “persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica”. Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de esta. En su caso se tendrá en cuenta el artículo 42 del Código de Comercio y el artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Le recomendamos leer la información más completa sobre la declaración de titular real de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo (versión 3) accediendo a las Preguntas frecuentes sobre la “declaración de titular real” publicadas recientemente en la web de Registradores.org.

2. POLÉMICA ACTUAL EN TORNO A ESTA NUEVA OBLIGACIÓN MERCANTIL

El Consejo General del Notariado y la patronal Cepyme interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la antes citada orden que aprobó los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de las empresas. Solicitaron a la Audiencia Nacional medidas cautelares para impedir la obligación fijada por Justicia, a partir de junio.

Cepyme y los notarios entienden que tal obligación entraña un “serio atentado al derecho a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios”. A su juicio, el “gravísimo impacto” que la orden puede tener sobre el derecho a la intimidad de los cientos de miles de españoles que son titulares de alguna acción o participación societaria o que han constituido una pyme para desarrollar su actividad económica, y los “gratuitos riesgos” a los que se les somete, aconsejan la suspensión de su eficacia hasta que el proceso haya sido definitivamente fallado.

Las organizaciones, que recuerdan que en España hay 1.291.317 pymes, han solicitado, como medida cautelar, la inmediata suspensión de dicha orden en lo relativo a la inscripción del titular real en el Registro Mercantil, dado que la inmensa mayoría de sociedades mercantiles de España aprobaron sus cuentas antes del 31 de mayo, y que durante el mes de junio habrán realizado su depósito en el citado registro.

Una vez realizado este depósito, todas las titularidades reales (las personas físicas propietarias) de los casi 3,5 millones de sociedades mercantiles existentes en España, incluyendo las sociedades familiares, se encontrarán “plenamente accesibles a cualquier persona o por qué no delincuente”, que solo tendrá que solicitar una sencilla certificación al Registro Mercantil.

En este sentido, señalan que no ha sido consultado al respecto el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Por otra parte, la directiva comunitaria sobre Prevención del Blanqueo de Capitales también obliga a los estados miembros a una serie de adaptaciones en su normativa en la materia.

Finalmente, cabe hacer la siguiente reflexión: el cumplimiento de este deber de información ¿no conlleva el levantamiento del velo social?


EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE UNA DOCTRINA ACERCA DE LA VALIDEZ DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN POR REFERENCIA AL VALOR CATASTRAL
13 de Septiembre de 2018

EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE UNA DOCTRINA ACERCA DE LA VALIDEZ DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN POR REFERENCIA AL VALOR CATASTRAL

1. ESTIMACIÓN POR REFERENCIA A LOS VALORES DE REGISTRO OFICIALES DE CARACTER FISCAL.

El pasado día 23 de mayo, el Tribunal Supremo dictó varias sentencias, a favor del con las que establece doctrina sobre la comprobación del valor real de inmuebles, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante la aplicación de coeficientes sobre el Valor Catastral:

Antes   de   analizar   el   criterio   del   Alto   Supremo   cabe   recordar   los   siguientes   conceptos tributarios:

Uno de los medios de comprobación de valores establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria (LGT) es el establecido en su artículo 57.1.b): la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Este medio puede consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración Tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el Registro Oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes.

Tratándose de bienes inmuebles,  el  registro  oficial  de  carácter  fiscal  que  se  toma  como referencia a efectos de la valoración de estos bienes es el catastro inmobiliario.

Para la aplicación de este medio de valoración se exige que la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes   de esta metodología y el período de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria.

La correcta motivación del acto administrativo requiere que se especifique la  identificación clara y precisa del bien a valorar, así como el valor tomado como referencia (valor catastral) y los parámetros, coeficientes y demás elementos de cuantificación utilizados para determinar el valor.

Este método  permite  la accesibilidad por parte  del contribuyente, y  la automatización de su utilización  y  la  fácil  motivación  por  parte  de  la  Administración.  Como  sabemos,  su  mayor desventaja reside en su generalidad y dificultad a la hora de recoger las posibles singularidades de los inmuebles.

2.  SÍNTESIS DE LA SENTENCIA TS 843/2018, DE 23 DE  MAYO  2018-06-21: COMPROBAR  EL VALOR REAL DE INMUEBLES MULTIPLICANDO EL VALOR CATASTRAL POR COEFICIENTES NO ES VÁLIDO

En el caso de la sentencia objeto de la presente nota, una persona física, mediante escritura pública de compraventa, adquiere una vivienda y sus anejos, por lo que liquida ITP y AJD. La Administración efectúa una comprobación de valores, utilizando el método de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal (LGT art.57.1.b). Como consecuencia, se incrementa el valor declarado.

Desconforme el  contribuyente,  acude  al  TEAR  Castilla-La  Mancha,  que  anula  la  liquidación impugnada, basándose fundamentalmente en el hecho de que la Administración no hace una comprobación real del valor del inmueble.

La Administración de Castilla-La Mancha interpone recurso de casación, en torno principalmente a las siguientes cuestiones:

1.     Determinar si la aplicación del método de comprobación escogido por la Administración, permite a la Administración invertir la carga de la prueba, y obliga al interesado a probar que el valor comprobado no se corresponde con el valor real.

El  Tribunal, en su  contestación  establece  que  el  método  de  comprobación  elegido  no  es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto, salvo que se complemente con una actividad comprobadora sobre el inmueble singular.

Añade que, para la aplicación del citado método, la Administración debe motivar las razones por  las  que  el  valor  declarado  por  el  contribuyente  no  se  corresponde  con  el valor real. La mera discordancia con los  valores   o   coeficientes  generales  publicados   no  es  suficiente motivación.

Por último, es la Administración quien debe acreditar que el valor que figura en la declaración no coincide con el valor real, no el obligado tributario.

2.    Determinar si el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en derecho, o está obligado a instar la tasación pericial contradictoria.

En  este  punto,  el  Tribunal  recuerda  que  este  es  un  instrumento  puesto  en  manos  del contribuyente para discutir el resultado de la comprobación de valores, su   utilización  es potestativa  y  no  es  una  carga  del  interesado  para  desvirtuar  las  conclusiones  del  acto  de liquidación.

Para oponerse a la valoración llevada a cabo por la Administración, puede valerse de cualquier medio  de  prueba admitido en derecho, situación que  se extiende  al seno  del procedimiento judicial, hayan sido o no propuestos o practicados en la vía impugnatoria previa. Por todo lo anterior, el Tribunal entiende que no da lugar al recurso de casación y confirma la sentencia impugnada.

Nota:  la  sentencia  incluye  un  voto  particular  de  uno  de  los  magistrados  que,  a  pesar  de compartir  el  fallo  de  desestimar  el  caso  concreto,  defiende  el  uso  general  del  método  de valoración  en  cuestión,  siempre  que  el  contribuyente  tenga  la  posibilidad  de  presentar  los datos concretos del bien inmueble objeto de comprobación.

3. CONCLUSIÓN

El Tribunal Supremo  considera que  el método  de  estimación  del valor real de los inmuebles por  referencia  a  los  valores  que  figuren  en  los  registros  oficiales  de  carácter  fiscal  (artículo  57.1.b)  LGT),  no  es  idóneo  ni  adecuado,  por  su  generalidad  y  falta  de  relación  con  el  bien concreto,   salvo   que   se   complemente   con   una   comprobación   directa   por   parte   de   la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

Además,  razona  que  la  aplicación  de  ese  método  no  dota  a  la  Administración  de  una presunción reforzada de veracidad, y que su aplicación para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración motive por qué considera que se deber rectificar, sin que sirva solamente la mera discordancia con los valores o coeficientes publicados.

Por  último,  interpreta  que  NO  es  el  contribuyente  el  que  tiene  que  probar  que  el  valor  que figura  en  la  autoliquidación  coincide  con  el  valor  realsino  que  es  la  Administración  la  que debe de acreditar que no coincide.


ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE “DESAHUCIO EXPRESS”
16 de Julio de 2018

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE “DESAHUCIO EXPRESS”

El pasado 12 de junio de 2018, se publicó en el BOE, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Esta norma, conocida como la ley de desahucio exprés, fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso en el mes de abril, cuya entrada en vigor, se produjo pasado 2 de julio.

Su principal objetivo es acelerar el desalojo de los grupos organizados que "okupan" viviendas de forma ilegal.

Fuentes del sector inmobiliario, calculan que en España hay entre 85.000 y 90.000 viviendas "okupadas". Sólo en Barcelona y Madrid se estiman que esta situación arroja unos costes de 21 millones de euros anuales.

Actualmente la recuperación inmediata de la vivienda por el propietario o titular de otros derechos legítimos de posesión de viviendas no es sencilla en la vía civil, como tampoco encuentra protección suficiente la función social que han de cumplir las viviendas que tienen en su haber las entidades sociales o instrumentales de las Administraciones públicas, para ser gestionadas en beneficio de personas y familias vulnerables, puesto que un porcentaje demasiado elevado del referido parque de viviendas se encuentra ocupado de forma ilegal, especialmente en los núcleos urbanos.

Además, ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la vía civil, para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, se demora temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios de los legítimos poseedores de la vivienda, en muchos casos también con una difícil situación económica, personal o familiar.

Daños sociales:

Están identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas a Administraciones públicas, que están dedicadas a fines sociales en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad, pero que su ocupación ilegal impide que puedan ser adjudicadas a aquellas personas o familias a las que correspondería según la normativa reguladora en materia de política social. Indisponibles, por tanto, para el fin para el que están destinadas, suponiendo ello un grave perjuicio social.

La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes públicos, eso sí, deben promover las condiciones necesarias y establecer.

Medidas adoptadas:

En el nuevo apartado 1 bis del artículo 441, en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, se regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento.

Asimismo, se generaliza la regulación de esta comunicación incorporando un nuevo apartado 4 al artículo 150, en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situación, para dar conocimiento a los servicios públicos competentes en materia de política social, por si procediera su actuación, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad.

Se modifica el numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, de forma que, las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

Se añade un nuevo apartado 3 bis al artículo 437, regulando frente a quien se pude interponer la demanda, así, Cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a la que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer.

Finalmente, en cuanto a la resolución de la demanda, se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 444, con la siguiente redacción: "Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4. º del apartado 1 del artículo 250, si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548.

 

Esta reforma se tornaba necesaria para dar una respuesta eficaz y más eficiente a la problemática de la "okupación" organizada o no, pues se acortan los plazos para hacer efectiva la recuperación de la vivienda, y se evitando tener que recurrir a la vía penal, que de facto era la otra alternativa en estos casos.

Conviene recalcar, que el objetivo de la ley es agilizar el desahucio a través de la vía civil, si bien no está disponible para cualquier propietario, pues únicamente podrán beneficiarse de esta solución de desahucio exprés los particulares, las entidades sin ánimo de lucro y las Administraciones Públicas que sean dueñas logísticas de los inmuebles okupados.

Quedan por tanto, fuera de la normativa, tanto las entidades financieras, como otros grandes tenedores de viviendas: fondos de inversión, socimis, sareb, etc.

En resumen:

Los propietarios particulares, podrán dirigir las demandas presentadas contra los ocupantes del inmueble, y en caso de desconocer su identificación, sin perjuicio de que las mismas puedan entregarse a quien se encuentre en la vivienda okupada al tiempo en que se practiquen las notificaciones.

El plazo dependerá de si el demandante ha solicitado la inmediata entrega de la posesión, pues en este caso, el Juzgado dictará decreto requiriendo a los okupas para que en el plazo de 5 días aporten el título que justifique su posesión, y de no hacerlo dictará auto ordenando la inmediata entrega contra el que no cabrá recurso alguno. La sentencia podrá ejecutarse sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días de espera previsto para la ejecución de resoluciones de condena.

En el caso de que los "okupantes" se opusiesen la demanda, la misma únicamente podrá fundarse en la existencia del título de posesión por parte del ocupante para poseer o en la falta de título por parte del demandante.


UNIFICACIÓN DE DOCTRINA EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN DE CANTIDAD DE LA MASA HEREDITARIA
12 de Junio de 2018

UNIFICACIÓN DE DOCTRINA EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN DE CANTIDAD DE LA MASA HEREDITARIA

1. INTRODUCCIÓN

Te informamos que el Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 45/2018, de 17 de enero de 2018, recurso 3283/2016 ha resuelto un recurso de casación para la unificación de doctrina indicando la posibilidad de que en las transmisiones mortis causa, a efectos de la determinación del valor neto patrimonial, puedan deducirse con carácter general las deudas que dejare contraídas el causante de la sucesión, y exige que su existencia se acredite por documento público o por documento privado que reúna los requisitos del artículo 1227 CC o que se justifique de otro modo la existencia de aquélla.

Antes de comentar la sentencia, recordemos que para obtener el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, del valor real de los bienes y derechos también se deducen las deudas dejadas por el fallecido que minoren el neto patrimonial. Debe tratarse de deudas del causante impagadas por éste, ya que, de haber pagado, el pago habría supuesto su extinción, y pagadas por los causahabientes, albaceas o administradores, siempre que se trate de (artículo 13 de la LISD, Ley 29/1987 de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y artículo 32 del RISD, Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del ISD) :

- deudas del fallecido reconocidas en sentencia firme;

- deudas cuya existencia se acredite por documento público o por documento privado o cualquier otro medio de prueba. La Administración puede exigir, no obstante, que se ratifique la existencia de la deuda en documento público por los herederos, con la comparecencia del acreedor;

- tributos y deudas a la Seguridad Social adeudados por el causante.

La deuda no es deducible si está contraída a favor de los herederos, legatarios de parte alícuota y cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de aquellos, aunque renuncien a la herencia, salvo cuando se acredite la existencia de la deuda por sentencia judicial firme.

El parentesco se entiende por consanguinidad (TEAC 13-10-04).

Respecto de las deudas del fallecido que, reuniendo las condiciones para ser deducibles, se pongan de manifiesto después de satisfecho el ISD, la deducción se hace efectiva a través de la devolución de la parte de impuesto satisfecha que haya correspondido a la deuda no deducida, pero deducible.

Dicha deducción se ajusta a las siguientes reglas (artículo 94 del RISD):

1) Se devuelve, sin intereses de demora, la parte del impuesto que corresponda a la deuda no deducida (diferencia entre la cantidad ingresada y la que se debería haber ingresado de haberse tenido en cuenta esta deducción).

2) La deducción deben solicitarla los interesados por escrito, acompañado de los documentos acreditativos de la existencia de la deuda.

3) La oficina liquidadora resuelve concediendo la devolución o denegándola, con expresión de los posibles recursos.

4) No procede la devolución si han transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de presentación de la liquidación o cuando se trate de liquidaciones administrativas firmes de carácter definitivo.

2. SÍNTESIS DE LA STS. DETERMINACIÓN DEL VALOR NETO PATRIMONIAL DE LA MASA HEREDITARIA

Tras el fallecimiento de su esposo, la viuda y sus tres hijos presentan autoliquidación en concepto de ISD deduciendo del caudal hereditario una cantidad en concepto de préstamo realizado en su día al causante por su cuñada.

La Administración gira liquidación provisional en la que no acepta, a los efectos de determinar el valor neto patrimonial de la masa hereditaria, la reducción aplicada, al no considerar acreditada que la cantidad obedeciera a una deuda contraída por el causante.

Ese criterio fue confirmado, primero por el TEAR, y después por el TSJ de Aragón, quien sostiene además que de los justificantes aportados no puede obtenerse certeza sobre la causa de las transferencias. O no queda identificado el concepto por el que se realizan las transferencias, o del que se hace constar, no es posible deducir que derive de un pacto de préstamo entre la ordenante y los beneficiarios.

Entiende el Tribunal, que no solo debe acreditarse la existencia de deuda sino también su realidad. Esta no puede derivar del mero reconocimiento de su existencia por los herederos, sino de que la misma tenga una causa cierta. Y en base de la prueba aportada por la parte, afirma que:

- los justificantes aportados de las transferencias realizadas al finado, no se desprende que la causa de aquellas fuera dicho préstamo;

- la causa de las trasferencias solo aparece en un documento público de reconocimiento de deuda, realizado, sospechosamente, más de dos años después de que tuvieran lugar los flujos patrimoniales, y simultáneamente a la aceptación de la herencia;

- a pesar del elevado importe de las transferencias, no existe ningún documento de formalización del préstamo invocado, ni se ha presentado la correspondiente autoliquidación por el ITP;

- la cantidad de mayor importe ha sido abonada por una sociedad, cuando la deuda en la escritura de manifestación y adjudicación de herencia intestada se adjudica a los hermanos.

Los actores, no conformes, interponen recurso de casación para la unificación de doctrina ante TS al entender que la resolución impugnada contradice la doctrina establecida en la sentencia TS 15-11-13 e infringe el derecho a la tutela judicial efectiva al realizar un examen irracional de la prueba.

En su fallo el TS sostiene que no puede prosperar el recurso al no concurrir las identidades necesarias. Además, establece que:

1) La valoración de la prueba efectuada por el TSJ de Aragón, no puede calificarse de arbitraria, ilógica, irracional, y, por tanto, vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva.

2) La sentencia impugnada y la de contraste no enjuician los mismos hechos exactamente.

Concluyendo que no existe, como sostiene la parte, una contradicción de doctrinas, sino una diversa valoración de los hechos, que ni siquiera pueden considerarse idénticos. Por lo tanto, entiende que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de la doctrina.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. DEUDAS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES EN EL ISD

Como hemos visto, a la hora de liquidar el ISD sobre una herencia, se puede reducir la base de éste con las deudas que tuviese el fallecido. Para probar que dicha deuda existe puede exhibirse un documento público o privado, o cualquier otro elemento de prueba admitido por la ley (por ejemplo, una factura). Eso sí, la Administración, para asegurarse de que la deuda es real, puede exigir a los herederos que la reconozcan en documento público, con comparecencia del acreedor.

Por su parte, la ley prohíbe expresamente la deducción de las deudas cuando el acreedor sea el propio heredero, o lo sea el cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos de éste. La prohibición es taxativa, por lo que parece que no admite prueba en contrario. Pero si el valor del préstamo entregado al difunto estaba en el patrimonio de éste en el momento del fallecimiento, podrá defenderse la no inclusión de dicho importe en la base de la herencia, ya que el impuesto sólo grava el valor neto de la adquisición realizada.

Un ejemplo sería el de un heredero que había prestado dinero al causante pocos días antes del fallecimiento, y en el momento de la muerte este dinero todavía estaba en la cuenta corriente del fallecido. En este caso cabe defender que esa parte del saldo no debe incluirse en la herencia. Aunque Hacienda discutirá esta interpretación, los tribunales podrían aceptarla, ya que, de no hacerlo, Hacienda estaría recaudando el impuesto sobre unos bienes que, realmente, el heredero no ha recibido.

En las herencias, cabe deducir las deudas que el causante tuviese al fallecer, aunque figuren en un documento privado.